El 14 de abril era la fecha límite que el Congreso de Estados Unidos había marcado al Pentágono para entregar 46 vídeos clasificados de UAP. Material captado por drones MQ-9, cazas de quinta generación, unidades de la Guardia Costera e incluso un F-16. El plazo expiró y, a esta hora, no hay ni rastro de esos archivos. Solo una respuesta genérica y un silencio que empieza a resultar demasiado familiar.

Lo interesante es que esto no surge de la nada. Forma parte de una presión creciente desde el propio Congreso. La misma Task Force que dirige Anna Paulina Luna ya había movido ficha días antes, en una línea muy clara que comentábamos en Clave7: cuestionar directamente el papel de la AARO y exigir más transparencia real sobre los UAP. Aquello no era un gesto aislado. Era, más bien, el inicio de una ofensiva política que ahora empieza a tensar de verdad la cuerda.

46 vídeos, múltiples incidentes y demasiadas preguntas

La carta enviada el 31 de marzo al secretario de Defensa, Pete Hegseth, no dejaba lugar a interpretaciones. Se pedían 46 archivos concretos, con incidentes que, de confirmarse, no son precisamente anecdóticos.

Estamos hablando de formaciones de cuatro UAP sobre Irán en agosto de 2022. De objetos con aceleraciones instantáneas detectados en Siria. De estructuras en forma de cigarro o esferas de gran tamaño, con trayectorias erráticas. Incluso de fenómenos transmedios, los llamados USO (OSNI u Objeto Submarino No Identificado), entrando y saliendo del agua cerca de submarinos.

Y, entre todo ese material, dos casos especialmente sensibles. Un Tic Tac captado en infrarrojo por la Guardia Costera en abril del año pasado. Y el derribo de un objeto no identificado por un F-16 sobre el lago Huron en febrero de 2023.

No hablamos de vídeos filtrados en foros. Hablamos de material que, según “denunciantes” en contacto con la propia Task Force, estaba en manos de la AARO sin reconocimiento público.

Los denunciantes

En la carta, la congresista no da nombres cuando se refiere a “Whistleblowers”, denunciantes en español. Pero si hace mención a la audiencia celebrada el 9 de septiembre de 2025, en la que prestaron declaración Jeffrey Nuccetelli, veterano de la Fuerza Aérea (ex policía militar); Alexandro Wiggins, Senior Sub Oficial Jefe de la Armada; Dylan Borland, veterano de la Fuerza Aérea que testificaba por primera vez públicamente y habló de represalias y el veterano periodista e investigador de estos fenómenos, George Knapp. Hemos de entender pues, que estos son los “denunciantes” a los que se refiere Ana Paulina.

El plazo se cumple y nadie responde

Llegado el 14 de abril, el Pentágono no entregó los vídeos. Tampoco ofreció una explicación detallada. La única reacción oficial conocida llega a través de un reportaje de la cadena NBC News, emitido en torno a esa misma fecha. En él, el periodista Gadi Schwartz plantea directamente la cuestión del incumplimiento de la fecha límite, al Departamento de Defensa.

La respuesta no fue una comparecencia ni una declaración verbal ante la cámara. Fue un comunicado oficial por escrito, remitido como contestación institucional. Y el contenido, lejos de aportar claridad, se limita a una fórmula estándar:

“Como con toda la correspondencia del Congreso, responderemos directamente a los autores de la carta”.

Una frase que, en la práctica, no confirma ni desmiente nada. No aclara plazos, no reconoce el material solicitado y tampoco justifica el incumplimiento del límite fijado. Es, más bien, una manera elegante de no decir absolutamente nada mientras el reloj sigue corriendo.

La respuesta política: presión directa y amenaza de requerimiento

Lejos de rebajar el tono, Luna ha dejado claro que piensa escalar la situación. Su intención es hablar directamente con Hegseth, a quien considera alineado con la directiva de Donald Trump.

Si la resistencia continúa, el siguiente paso sería solicitar un requerimiento formal junto al presidente del Comité de Supervisión, James Comer. Es decir, forzar legalmente la entrega de la información.

Además, ha planteado algo poco habitual en este tipo de procesos: identificar y apartar al funcionario que, supuestamente, bloqueó el trámite. Una declaración que no deja margen a interpretaciones. Aquí ya no se habla solo de documentos. Se habla de responsabilidades.

El contexto: promesas de desclasificación que no terminan de llegar

Todo esto encaja con un escenario más amplio. Desde febrero, Trump había ordenado identificar y liberar archivos relacionados con UAP y posible vida extraterrestre, alegando el “tremendo interés público”.

Sobre el papel, la Casa Blanca y el Pentágono aseguran estar coordinando la liberación de material inédito. En la práctica, los plazos se diluyen. Las promesas se quedan en declaraciones. Y los documentos siguen sin aparecer.

La sensación, vista desde fuera, es la de siempre: dos velocidades distintas. Por un lado, un poder político que empuja. Por otro, una estructura institucional que, como mínimo, se mueve con extrema cautela.

Entre la seguridad nacional y la opacidad estructural

En este punto se confronta un mismo argumento, desde dos puntos de vista.

Porque Luna pone sobre la mesa un argumento difícil de ignorar: estos objetos no son una curiosidad marginal. Están siendo detectados cerca de bases, infraestructuras críticas y rutas aéreas sensibles. Si eso es así, hablamos de un asunto de seguridad nacional.

Ahora bien, también es cierto que el aparato militar no suele liberar información sensible sin filtrar, y menos cuando afecta a capacidades tecnológicas propias o ajenas. Así que la pregunta no es solo por qué no se publican los vídeos. La pregunta es qué parte de esa información consideran realmente divulgable.

Y ahí está, probablemente, el nudo de todo esto.

Lo que viene ahora

Con la presión política aumentando y la posibilidad de un requerimiento formal sobre la mesa, este caso puede convertirse en un punto de inflexión. O en otro episodio más de desgaste burocrático, que también sería coherente con lo visto en años anteriores.

En Clave7 vamos a seguir este asunto de cerca. Si el Pentágono responde, si aparece una filtración o si el Congreso decide forzar la máquina, lo analizaremos con calma y con datos. Porque en el binomio UAP y Pentágono, más que certezas, lo que tenemos es una partida en curso. Y da la sensación de que, esta vez, alguien está decidido a no levantarse de la mesa.